l sistema previsional fueguino enfrenta desde hace años demoras estructurales vinculadas a la fragmentación de datos y la necesidad de validar información entre múltiples organismos. En ese escenario, el Gobierno provincial avanzó con un proyecto de ley que busca centralizar la información laboral de los trabajadores en un registro digital único, con impacto directo en los procesos jubilatorios.
En ese marco, el presidente de la Caja de Previsión Social, Roberto Bogarín, sostuvo que “nosotros ya venimos trabajando hace mucho tiempo con este sistema de historia laboral” y remarcó que la iniciativa implica “un cambio de paradigma en la administración pública” orientado a lograr “la agilización de los trámites previsionales”. Según explicó, el eje es transformar un sistema hoy disperso en una base integrada y accesible.
Uno de los puntos centrales del proyecto es que no altera las condiciones para jubilarse. “No realiza ninguna modificación paramétrica de los requisitos”, aclaró, y enfatizó que los cambios están vinculados a la operatoria: “solamente son obligaciones que tienen que hacer tanto los empleadores como los empleados al momento de generar un trámite previsional”.
La digitalización permitirá automatizar etapas clave del proceso. “Una vez que se cargue la historia laboral de los últimos 10 años, se determina en forma automática el haber cuando uno se jubila”, explicó Bogarín, marcando un contraste con el esquema actual, donde gran parte del cálculo depende de verificaciones manuales.
El sistema integrará información de distintos niveles del Estado. “Nosotros podemos recopilar toda la información de todos los empleadores, de la administración pública, tanto financiera como no financiera”, indicó, y agregó que también se incorporarán datos de otras jurisdicciones para lograr una visión completa de cada trabajador. Actualmente, uno de los principales problemas es la saturación administrativa. “Hoy llegamos hasta un cuello de botella”, señaló, al tiempo que advirtió que hay procesos que ya no pueden optimizarse solo con mejoras internas. Por eso, planteó que la nueva herramienta “trata de salir a salvar ese defecto que hay hoy en la Administración pública”.
El impacto más visible sería en los tiempos de resolución. Si bien evitó dar cifras definitivas, afirmó que “seguramente en menos de 15 días una jubilación tendría que estar saliendo” una vez que el sistema esté plenamente operativo. Incluso comparó con experiencias exitosas: “en otras jurisdicciones, por ejemplo en la provincia de Córdoba, en cuatro o seis días se genera una jubilación”.
Otro cambio clave será la validación automática de servicios. “Ya podemos validar las certificaciones de servicios que generan los empleadores directamente desde la caja en base a esta herramienta”, explicó, lo que eliminaría la necesidad de que los trabajadores vuelvan a gestionar documentación ya existente.
Frente a cuestionamientos sobre posibles costos adicionales, Bogarín fue categórico: “todo lo contrario, todo esto lo que genera es economía para todos”, incluyendo al Estado, la Caja y los propios beneficiarios. En ese sentido, sostuvo que el sistema permitirá “un proceso más eficiente dentro del proceso previsional”.
Finalmente, destacó el acompañamiento político al proyecto y su potencial impacto estructural. “Ellos entendiendo estos artículos y este proyecto de ley y aprobándolo ya era suficiente para generar un beneficio para todos”, afirmó, en referencia al rol de la Legislatura en la aprobación de la
